Gobernadora fija postura sobre presunta agresión de policías a menores en la frontera

Chihuahua, a 25 de agosto.- La gobernadora María Eugenia Campos Galván se pronunció respecto a la polémica surgida tras la supuesta agresión de elementos de la Policía Estatal contra unas menores de edad, durante un cateo realizado en la vivienda de una agente de la Policía Municipal.

De acuerdo con las denuncias, en el operativo se habrían cometido presuntos tocamientos indebidos contra menores, lo que detonó tensiones entre corporaciones de seguridad y abrió un frente delicado para el gobierno estatal.

La mandataria fue enfática al señalar que en su administración no habrá espacio para la impunidad:

“Como se ha dicho hasta el cansancio, aquí no hay tolerancia para las personas que generen y sean parte de un delito o de un acto delictivo. Si esto sucedió, se pasará a la comisión de orden y, por supuesto, con todas las premisas de la ley”, afirmó.

Campos reconoció que el caso deberá investigarse a fondo, pero dejó claro que el mensaje político es uno: no se permitirá que desde las instituciones encargadas de garantizar seguridad se violenten los derechos de las personas, y menos de niñas y adolescentes.

“No podemos luchar por las mujeres hacia afuera si no lo estamos haciendo en nuestro propio gobierno”, recalcó.

La gobernadora adelantó que el tema será abordado directamente hoy en la Mesa Estatal de Seguridad, donde se busca deslindar responsabilidades y evitar que este incidente escale en un conflicto abierto entre corporaciones municipales y estatales.

Un caso que exhibe tensiones internas

El señalamiento contra agentes estatales llega en un momento complejo: por un lado, el discurso de “cero tolerancia” del gobierno estatal intenta reforzar la confianza ciudadana; por el otro, los hechos exhiben la vulnerabilidad de protocolos policiales y la fragilidad de la coordinación entre fuerzas de seguridad.

Especialistas han advertido que, de comprobarse los abusos, no solo sería un golpe a la credibilidad del Estado en materia de seguridad y derechos humanos, sino que además podría agudizar la desconfianza de la sociedad hacia las instituciones policiales, ya de por sí deteriorada en amplios sectores.

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